En el contexto de la creciente preocupación global por el cambio climático y la sostenibilidad, España ha implementado medidas legislativas para fomentar la transparencia y la responsabilidad medioambiental en el ámbito empresarial. La Ley 11/2018, del 28 de diciembre, sobre información no financiera y diversidad, representa un paso significativo en este esfuerzo. A partir del 1 de enero de 2025, esta ley obligará a las empresas a calcular y reportar su huella de carbono, promoviendo prácticas más sostenibles y responsables.
Contexto y objetivos de la Ley 11/2018
La Ley 11/2018 se enmarca dentro de la normativa europea que busca aumentar la transparencia en materia de sostenibilidad y responsabilidad corporativa. Su objetivo principal es garantizar que las empresas proporcionen información veraz y completa sobre su impacto ambiental, social y de gobernanza (ESG). La inclusión del cálculo y reporte de la huella de carbono responde a la necesidad de cuantificar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, alineándose con los compromisos internacionales adquiridos en el Acuerdo de París.
En qué consiste la Ley 11/2018
La ley obliga a las grandes empresas y a las entidades de interés público a incluir en sus informes anuales información no financiera relevante. Entre los aspectos más destacados se encuentran:
- Información ambiental: Las empresas deben detallar su impacto ambiental, incluyendo aspectos como el uso de energía, agua y materiales, así como las emisiones de gases de efecto invernadero.
- Información social y de personal: Se debe reportar sobre condiciones laborales, igualdad de género, derechos humanos y medidas de diversidad.
- Información sobre derechos humanos: Las empresas deben describir sus políticas y procedimientos para prevenir y mitigar los impactos negativos sobre los derechos humanos.
Cómo afecta a las empresas
La obligatoriedad de calcular y reportar la huella de carbono, que entra en vigor el 1 de enero de 2025, implica que las empresas deberán:
- Medir sus emisiones: Las empresas deberán cuantificar sus emisiones de gases de efecto invernadero, tanto directas (provenientes de fuentes que son propiedad o están controladas por la empresa) como indirectas (aquellas que resultan de la actividad de la empresa pero ocurren en fuentes que no son propiedad ni están controladas por la misma).
- Adoptar herramientas y metodologías: Utilizar herramientas y metodologías reconocidas internacionalmente para el cálculo de la huella de carbono, asegurando la precisión y la comparabilidad de los datos reportados.
- Implementar políticas de reducción: Desarrollar e implementar políticas y planes de acción para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- Reportar anualmente: Incluir esta información en los informes anuales, asegurándose de que sea revisada y verificada por un tercero independiente para garantizar su fiabilidad.
La implementación de la Ley 11/2018 representa un desafío para las empresas, pero también una oportunidad para liderar en sostenibilidad y responsabilidad corporativa. Adaptarse a estas nuevas exigencias no solo mejorará su reputación y competitividad, también contribuirá de manera significativa a la lucha global contra el cambio climático.
